Entrevista a Jorge D`Agostino

Cuando la Justicia retrocede en materia de Derechos Humanos

El docente de la Facultad de Ciencias Económicas mostró su oposición al Fallo de la Corte en el beneficio de 2x1 a los represores.
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Cuando la Justicia retrocede en materia de Derechos Humanos
Jorge D`Agostino
La Corte Suprema de Argentina decidió el pasado 2 de mayo, en un fallo dividido, que los militares condenados por delitos de lesa humanidad pueden computar como dobles los días que han pasado en prisión antes de su condena definitiva. La decisión, en base a una ley derogada en 2001 y conocida como 2x1, se basó en el principio de aplicación de la norma más benigna, sin que se tome en cuenta la dimensión del delito cometido.
La Corte falló en un caso puntual, el de Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de cárcel por secuestrar y torturar a cinco trabajadores del Hospital Posadas, en ese entonces bajo control del represor Reynaldo Bignone, último presidente de la dictadura y hoy, con 89 años, preso por delitos de lesa humanidad.
Tres de los cinco miembros de la Corte entendieron que Muiña debía recibir el beneficio del 2x1. UNER NOTICIAS entrevistó al doctor Jorge D’Agostino abogado constitucionalista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad, quien explicó detalles sobre una iniciativa que provocó polémica y motivó marchas de repudios en todo el país para el miércoles 10 de mayo.

-¿Cómo recibió esta decisión de la Corte?
En principio, quiero manifestar que me siento representado por los votos de la minoría en la Corte, dado que la decisión de la mayoría, constituida por los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, declara aplicable la ley 24.390, conocida como 2 x 1, que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna. En disidencia, votaron los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes señalan que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña (Expte “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”).

-¿Cuál es la definición de Lesa Humanidad?
“Lesa”, refiere a agraviado, ofendido, lastimado y sus efectos caen en la humanidad toda y no en un sólo individuo, cuando haya ocurrido bajo un régimen de criminalidad sistemática como el de la dictadura 1976/1983. El estatuto de Roma es el que define a este tipo de delitos, y la desaparición forzada de personas es uno de ellos, en tal sentido son imprescriptibles, permanentes, ajenos a cualquier beneficio de reducción de penas.

-¿Cómo interpreta los tres votos de la mayoría que otorgó la Corte?
Los votos de la mayoría se han sustentado en una taxativa normatividad de las leyes vigentes sin tener en cuenta que, aunque el delito cometido haya estado cubierto circunstancialmente por una ley, careció de un análisis social hermenéutico, o sea en contexto de lo que significa un beneficio para un criminal como Muiña. El beneficio no se le debió de haber acordado, porque es inaplicable cualquier beneficio a los delitos de lesa humanidad, y porque aquel 2x1 que se concedió entre 1994 y 2001, tuvo motivos procesales y no de fondo que no le caben a Muiña solamente, sino también a todo el clan criminal, al que la sociedad argentina, por vía de la justicia condenó en el Juicio a las Juntas promovido por el presidente Alfonsín.

Un poco de Memoria…
-Se conoce como Juicio a las Juntas al proceso judicial realizado por la justicia civil (por oposición a la justicia militar) en la Argentina en 1985 por orden del presidente Raúl Ricardo Alfonsín (1983-1989) contra las tres primeras juntas militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), debido a las graves y masivas violaciones de derechos humanos cometidas en ese período.

El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir como presidente, Alfonsín sancionó el decreto 158 por el cual ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), integrada por personalidades independientes para relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, y fundar así el juicio a las juntas militares.

El juicio tuvo una gran trascendencia internacional y sobre todo para la región, en donde en los países limítrofes como Chile, Uruguay o Brasil, que sufrieron crímenes similares, llevar a los represores ante la justicia fue imposible y nunca condenaron a sus criminales. Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución. Los demás acusados fueron destituidos de sus cargos. Este juicio, muy importante en la historia mundial, tuvo un alto impacto, tanto político como psicológico, y una trascendencia que puso al presidente Raúl Alfonsín a la vanguardia de su época en derechos humanos.

-Los indultos de Menem comprenden una serie de diez decretos sancionados el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990 por el entonces presidente de la Argentina, indultando civiles y militares que cometieron crímenes durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, incluyendo a los miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, al procesado ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y los líderes de las organizaciones guerrilleras. Mediante estos decretos, fueron indultadas más de 1.200 personas.
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos de Menem son conocidas como las Leyes de Impunidad, aunque las dos primeras fueron leyes votadas por el parlamento y con el libre juego de la oposición; en cambio el indulto fue una decisión unilateral e inconsulta y muy posterior a la sanción de las leyes.
-Luego en el 2003 el Congreso de la Nación Argentina declarara la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales aquellos indultos referidos a crímenes de lesa humanidad.

-¿En qué consistía el 2 x 1 cuanto tuvo vigencia?
El 2x1 tuvo la intención de acelerar los plazos de instrucción otorgando un beneficio a los detenidos con prisión preventiva. A partir del segundo año, por cada día que el reo pasaba entre rejas a la espera de la sentencia el juez debía contar dos, lo que en la práctica acortaba la pena. Se aprobó en 1994 pero se derogó en 2001, cuando fue evidente su fracaso para reducir los tiempos procesales. El debate que zanjó la Corte fue que, según su interpretación, ese beneficio también debe alcanzar a los condenados por delitos de lesa humanidad. En este caso, el 2x1, es un engendro normativo y cualquiera que lea el fallo completo de la mayoría, podrá darse cuenta de ello.

El delincuente de lesa humanidad no es un delincuente común, a tal fin de que los tratados internacionales lo han puesto en el infierno del Dante, y por tal motivo, cualquier requerimiento de mejora en la condena, se debe hacer con el más estricto análisis conceptual, que Muiña no pasa. La calificación de imprescriptibilidad empaña cualquier beneficio procesal al condenado. La sociedad argentina se ha reconciliado, pero no olvida sus delitos aberrantes porque ellos están en la conciencia social por haber pasado la noche más negra de la Argentina.

Importante: La desaparición forzada de personas y la supresión de identidad de menores (robo de bebés) son delitos permanentes. Ello implica que el delito se sigue cometiendo hasta que no aparezca la persona desaparecida o hasta que el menor recupere su identidad. Es imprescriptible y permanente, todos los días la persona sigue desaparecida. Igual los hijos y nietos secuestrados. Si estos delitos son permanentes, resulta cuanto menos bastante absurdo que la sanción por dichos delitos no lo sea. Más absurdo aún, es el condenado por estos delitos permanentes queda en libertad por el 2x1, cuando el delito aún se está cometiendo.

-¿Qué acciones piensan llevar adelante?
Entendemos que el Poder Judicial es independiente en Argentina y nos sometemos a él como republicanos, pero nada puede impedir que, por nuestro derecho de opinión, nos expresemos con dolor ante este fallo. Se presentará una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el fallo del máximo tribunal de Justicia que benefició al represor Luis Muiña, una medida cautelar mediante la cual se ordene al Estado Argentino que se abstenga de aplicar la ley 24.390 para el cómputo de la detención y de la pena que deben cumplir los condenados por la comisión de delitos de lesa humanidad y que, de forma urgente, convoque al Estado argentino a una audiencia conciliatoria a efectos de arribar a una solución amistosa. En tal sentido, hay que esperar a que la Comisión acepte el trámite y resuelva la cautelar. Es un trámite largo y tarda bastante tiempo.

La gran pregunta que se hacen muchos en Argentina, es si esta decisión de la Corte sacará a la calle antes de tiempo a muchos de los más de 700 represores en condiciones, ahora, de recibir el beneficio del 2x1.

En el sitio www.cij.gov.ar -Agencia de Noticias del Poder Judicial-, se encuentran publicados los argumentos de la mayoría integrada por Highton, Rosenkrantz y Rosatti, como de la disidencia conformada por los jueces Lorenzetti y Maqueda, hechos de la causa y su calificación legal.

Convocatoria
Varios organismos de derechos humanos convocaron a un acto contra lo que consideran un nuevo intento de garantizar la impunidad a los genocidas. La cita es el miércoles 10 de mayo a las 18:00 frente al Palacio de Justicia, Talcahuano 550, en la Plaza Lavalle, Buenos Aires. La convocatoria reza “Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en la Argentina, porque lo que no se juzga y condena, se repite”.

Estará encabezada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).

Contacto: Dr. Jorge D’Agostino; Especialista en Derecho Constitucional, Docente Facultad de Ciencias Económicas-UNER-jorgemdagostino@gmail.com
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