Internacionales - 07.06.2017

El grito de los periodistas en México

Aumentan las muertes de periodistas en México y la impunidad. Asesinatos y agresiones que proceden tanto de funcionarios públicos como de sicarios.
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El grito de los periodistas en México
“Nosotros en México nos hemos convertido en reporteros de guerra sin chalecos (antibalas), ni entrenamientos, ni protocolos a seguir, y así en blancos fáciles de esta insensata guerra encubierta”, me dijo un colega en diciembre pasado, cuando residí casi un mes en México. “Peor aún, el discurso público y político se ha dirigido a crear la percepción de que si un periodista es asesinado alguna culpa debe de haber tenido. Por eso, muchos de nosotros hemos empezado a pensar que, si te quieren matar, te matarán”, agregó. Me quedé pensando, mientras otros colegas comentaban de otros asesinatos, desapariciones forzosas, balas desdibujadas en Twitter, disputas entre cárteles cambiantes pero siempre feroces, la complicidad profunda en sus raíces del poder económico y político o la desprotección campante de los colegas, como si de temas habituales de conversación se tratara.

El parte de guerra contra los periodistas mexicanos se agrava, no retrocede, desgarra en las entrañas la libertad de información, ahora matando incluso a sus más reconocidos representantes. Solo en 2017, se ha llegado al tope de siete periodistas asesinados. Once fallecieron en 2016 (426 fueron agredidos), únicamente Afganistán e Irak superan esta cifra. Treinta desde que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, llegó al poder, según Artículo 19, organización que lucha por la libertad de expresión en el país. 103 informadores fueron asesinados entre enero de 2000 y septiembre de 2015, siguiendo las cifras oficiales de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle). A ello se suman las amenazas, las desapariciones y las agresiones físicas, que se suceden casi a diario, sin frenos.

El 15 de mayo acribillaron a tiros a Javier Valdez, un periodista premiado y veterano que informaba sobre el narcotráfico. Pocas horas después, la subdirectora de un semanario de Jalisco fue víctima de un atentado en el que falleció su hijo, Héctor Jonathan Rodríguez, también periodista. El jueves 18, desapareció en Michoacán el informador Salvador Adame. De él no se ha vuelto a saber. El 23 de marzo, fue el turno de la periodista Miroslava Breach, quien trabajaba en Chihuahua.

Ninguno tuvo justicia. Ni ellos, ni la mayoría de quienes antes de ellos fueron víctimas de la violencia. “De las 798 denuncias, 47 por asesinatos, presentadas ante la Feadle (creada en 2010), sólo se han resuelto 3 casos en los que ha habido sentencia condenatoria”, detalla Ixchel Cisneros, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos). “La impunidad prevalece en el 99% de los casos”, ha denunciado Artículo 19.

Datos como estos vuelven a poner de manifiesto la incapacidad de los gobiernos mexicanos para hacer frente al problema. Mientras el crimen sigue boyante en sus negocios y el PIB de México crece, el Estado fracasa en dar apoyo a quienes relatan las villanías de los injustos, a pesar de sus declaraciones (públicas) de buenas intenciones. “No hay presupuesto para 2017”, fue la inverosímil respuesta de Patricia Conchero Aragonés, la responsable de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, el organismo que otorga protección a periodistas y activistas bajo graves amenazas (unos 500 en la actualidad). La razón: los legisladores mexicanos no lo han previsto en los presupuestos de 2017, dijo en declaraciones a la prensa local.

De no subsanarse pronto esta situación, los mecanismos de protección solo podrán trabajar hasta septiembre u octubre, con el remanente del año pasado, continuó Conchero Aragonés. “Había un fondo que no se devolvió y es probable que consideraran que con eso se subsanarían los gastos, pero la verdad es que no se calculó la tendencia al alza en las solicitudes de protección, tanto para periodistas como para defensores de los derechos humanos”, admitió, en declaraciones a la prensa mexicana.

53% agresiones a manos de funcionarios públicos
Más perturbador aún, si cabe, es que, según las organizaciones y buena parte del gremio periodístico mexicano, en el 53% de los casos las agresiones contra informadores en 2016 fueron a manos de funcionarios del Estado. “No es como dice el Gobierno (de México) que el único agresor es el narcotráfico. El problema es que la línea entre el Gobierno y el crimen organizado es muy delgada, o nula”, denuncia Cisneros, haciéndose eco de una reclamación muy presente entre los informadores independientes del país.

Así la violencia se ha infiltrado en la vida de los periodistas mexicanos, en particular en estados como Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa, donde se han registrado algunos de los episodios más graves.
“¿Un ejemplo claro y evidente? El ataque en 2014 contra Karla Janeth Silva, la corresponsal en Silao de El Heraldo de León, a la que le propinaron una brutal paliza estando ella en su misma redacción. El principal acusado es el alcalde de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola”, precisa Cisneros. “Aunque es una guerra con muchos actores, en la que los cárteles están apoyados también por grupos empresariales y de poder. Los periodistas han quedado en medio. Primero les tocó a los que cubrían temas policiales, pero luego se expandió a quienes trabajaban sobre megaproyectos, iniciativas políticas, migración”, añade Daniela Pastrana, directora de ‘Periodistas de a Pie’.

Nadie se salva de esta guerra sin reglas, en la que las afrentas apuntan a dar a los periodistas más independientes la percepción de que son impotentes ante la violencia y las intimidaciones. Que la violencia llega a todas partes y permanece impune, en la gran mayoría de los casos. Otro reciente testimonio lo hay en lo que ocurrió el pasado domingo 21 de mayo, cuando tres desconocidos ingresaron sin permiso ni identificación en las mismísimas oficinas de la revista de investigación periodística más importante del país, Proceso. Llevaban corte de pelo y botas tipo militar, precisó el semanario.
Proceso cuenta ya entre sus obituarios con el homicidio del fotógrafo Rubén Espinosa, en 2015, y el de su corresponsal en Veracruz, Regina Martínez, ocurrido en 2012. “Cada uno de esos hechos, como en esta ocasión, han sido denunciados ante la Feadle, sin que hasta el momento se haya esclarecido alguno de ellos”, denunció la revista.

Fuente: www.esglobal.org
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