Facultades - 06.07.2019

Rechazo a la creación del Servicio Cívico Voluntario

La Facultad de Ciencias de la Educación rechaza la creación propuesta por el Ministerio de Seguridad.
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Rechazo a la creación del Servicio Cívico Voluntario
El pasado martes 30 de julio, en la reunión ordinaria de Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Educación, su máximo órgano de gobierno, comunicó su rechazo a la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores.

La Facultad de Ciencias de la Educación expresa su más enérgico repudio a la Resolución 598/19 y Anexos, publicada en el Boletín Oficial el 15 de julio pasado, por la que el Ministerio de Seguridad crea el Servicio Cívico Voluntario en Valores.

Si se pretende brindar contención y oportunidades de formación a los y las jóvenes de 16 a 20 años, con compromiso republicano y democrático, no es en la órbita de Gendarmería Nacional, ni de ninguna fuerza de seguridad (ámbitos que carecen de competencia específica), sino la Escuela y la Universidad Pública, el destino y el territorio para que, según el texto de la resolución, “puedan desarrollar sus potencialidades y lograr la máxima satisfacción, integral y simultánea, de sus derechos y garantías”.

En este repudio, la Facultad de Ciencias de la Educación se hace eco del rechazo y la abierta oposición a la medida de gran parte de la ciudadanía: otras instituciones de Educación Superior, sindicatos y gremios, defensorías de niños, niñas y adolescentes, iglesias, organizaciones sociales y políticas. A la vez, recoge el activismo de las organizaciones y sectores que en la llamada transición democrática se integraron dentro del amplio marco del Movimiento de Derechos Humanos por la lucha para la plena vigencia del Estado de Derecho y se manifestaron en contra de todo disciplinamiento, control y autoritarismo desde las fuerzas armadas y de seguridad hacia la sociedad civil.

Por último, si lo que preocupa son la problemáticas juveniles de inserción educativa y su vinculación con la pobreza, la desocupación y la precarización laboral, instamos a los organismos públicos de Educación, Salud y Desarrollo Social, así como otros agentes del Estado, a propiciar políticas integrales de protección y educación que prioricen los derechos fundamentales de niños, niñas y jóvenes.

Fuente: Facultad de Ciencias de la Educación
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